PLEITO POR TIERRAS DE MICHES

Los terrenos próximo a Playa Esmeralda son propiedad privada. Apenas existe un pequeño paso al público.

Agustina Amparo, conocida como Maroa, tiene 105 años y es viuda desde hace 35. A su edad, debe enfrentar una litis judicial para que se le reconozca la propiedad de los terrenos que cultivó por más de nueve décadas.
Ubicados en la localidad de Punta de Rey, próximo a la playa conocida como Costa Esmeralda, la tierra de Maroa, forma parte de la vasta extensión que ahora pertenece a los Cisneros. Con una lucidez casi impresionante para la edad, Maroa, recuerda cuando llegó a trabajar al lugar, junto a su esposo Casimiro Mercedes. Ella tenía apenas 17 años para entonces.
"Él (su esposo) se iba a trabajar para otra finca y yo me iba con una muchachita que tenía en convite tumbábamos esos pedazos de terrenos. Como yo no podía picar los palos largos hacía la balsa y venía a dormir con mis hijos a pueblo mientras mi esposo se iba a Punta de Rey a quemar todas las balsas que yo hacía". Con trabajo constante, cuenta, logró hacerse de una de las parcelas más prósperas de cocos, que por años vendió para mantener a la familia conformada por la pareja y 15 hijos.
"Mire que yo he pasado trabajo; ahí como no hay gente nacida. Trabajando para no dar mi brazo a torcer y ya fíjese la edad que yo tengo, me han entrado un barza de gente ahí y me han quitado de tumbar mi coco que es lo único que yo tengo para mantenerme", se lamenta la anciana.
La tierra de Maroa, la cual forma parte de la parcela número 22, del Distrito Catastral 48-3, de Miches, fue reclamada por una familia de apellido Soñé, que supuestamente eran los dueños legítimos de los terrenos y la vendieron a los Cisneros.
La familia de Maroa, al igual que otras ocho que están peleando en los tribunales para que se le reconozca la propiedad dentro del mismo inmueble, carece de títulos. La anciana se aferra al recuerdo de un documento que le entregó el dictador Rafael Leonidas Trujillo a su esposo en la década del 40, dándole potestad para habitar y trabajar la tierra, pero que lo perdió hace un tiempo.
El abogado Manuel Ismael Peguero, representante ante el Tribunal Superior de Tierras de El Seibo de las familias desalojadas, asegura que estas personas son los verdaderos dueños por el tiempo que llevan en el lugar. Se basa, entre otras cosas, en el derecho por prescripción, y asegura que los Soñé obtuvieron el título de manera dolosa. "Los títulos están llenos de vicios y falsedades, porque ellos (los Soñé) dicen que ocuparon esos terrenos en el 1957, obviando a los originales dueños que los ocupan desde el 1909", dice.
Afirma que los Soñé violentaron todos los reglamentos procesales para sacar un título de propiedad, aprovechando la ignorancia de sus defendidos, que son todos gente de campo. Cuestiona que según un dispositivo de la Suprema Corte de Justicia, utilizado para la obtención del título, los Soñé habrían adquirido unas 900 mil tareas de tierra por apenas 400 pesos.
"Hemos estado luchando desde hace siete u ocho años en los tribunales, para que se reconozca a los verdaderos dueños de los terrenos, pero el problema fundamental es que ningún juez ha querido hacer un descenso para decidir la localización de la parcela que está en litis", explica el abogado.
Las familias que representa Peguero están a la espera de un fallo que debe tomar el Tribunal de Tierras de El Seibo, luego que un juez se reservara su decisión y le diera a las partes un mes para que presentaran sus conclusiones.
Entre sus defendidas se encuentra Fátima Isabel Alvarez (Mary), quien asegura que su padre estaba en esas tierras antes de que ella naciera. Ahora Mary tiene 48 años de edad. "Nosotros estuvimos trabajando la tierra, pero hace un año apareció esta gente y le vendieron a los Cisneros, y entonces ellos no dejan que uno entre a su conuco".
Mary tiene en sus manos una certificación que le habría entregado uno de los agentes de seguridad del Grupo Cisneros en la que, alega, era antes su propiedad. La certificación dice que unas 12 personas habrían vendido esa tierra e indica la cantidad y el precio por lo que se compró a cada quien, pero no se especifica la cédula de esas personas y en algunas casos, apenas aparecen los apodos de los supuestos vendedores.
Al tratar de conseguir la versión del Grupo Cisneros, éstos adelantaron que no tienen litis judicial con nadie, pero no entraron en detalles. Rafael Ortega, uno de los representantes del Grupo, se comprometió a dar una entrevista sobre el tema, pero a dos semanas todavía no la confirma.
Los problemas de propiedad abundan en el Tribunal de Tierra de El Seibo. Según la secretaria de ese organismo, a diario llegan entre seis y siete expedientes, y en su mayoría, vienen de Miches. "Son casos muy variados, conflictos de saneamiento por linderos, problemas entre familias, en fin, son casos muy diferentes", dice la empleada del tribunal que prefiere que no se publique su nombre.
Consciente de la problemática, el síndico de Miches, César Hernández, dice sentirse en una encrucijada, incapaz de mediar entre las partes. "Nosotros. desde el ayuntamiento, hemos querido ser delicados con el grupo Cisneros, porque si lo enfrentamos de golpe y se la ponemos difícil, ellos se llevarían la inversión que están haciendo aquí a otro lado y eso nos afectaría mucho".
A lo que si el síndico pondrá atención es a que la venta de tierra que se realice en Miches se registre en la sindicatura, cosa que hasta el momento no se ha dado, según dice. Estima en más de 1,500 millones de pesos el dinero generado por la transacción de tierras, y sin embargo, nada ha quedado en la sindicatura.
La anciana Maroa, de 105 años, se aferra al recuerdo de un documento que le entregó el dictador Rafael Leonidas Trujillo a su esposo en la década del 40, pero que ha perdido.
http://www.diariolibre.com/